La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), expresan su profunda preocupación por la crítica situación del sector de hidrocarburos peruano.
Entre enero y agosto de 2024, la inversión apenas alcanzó los US$337 millones, un nivel insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sector y, lo más preocupante, la seguridad energética del país. Desde 2012, las reservas probadas han disminuido por falta de reposición que exige medidas inmediatas.
Es imperativo tomar acciones para reactivar la industria hidrocarburífera, un pilar esencial para la competitividad económica del Perú. Esta reactivación requiere condiciones claras y estables que promuevan la inversión privada, así como el respeto al marco constitucional existente. La institucionalidad, predictibilidad y la seguridad jurídica son la base para atraer capitales que permitan al país reducir su dependencia de las importaciones energéticas y fortalecer su soberanía energética.
Contrariamente a esto, se estaría buscando direccionar la entrega de determinados lotes petroleros sin pasar por un proceso de licitación justo y equitativo, como lo establece la normatividad vigente.
En ese sentido, se debe respetar la autonomía de la agencia promotora de inversión en hidrocarburos (PERUPETRO) en la promoción y licitación internacional que permita lograr la mejor oferta de inversiones y planes de desarrollo que solo favorezcan al Perú.
Para asegurar el futuro de este sector productivo de la economía nacional, la Política Energética Nacional al 2050 debe reconocer el papel clave de los hidrocarburos. Para ello es esencial: i) agilizar permisos que permitan explorar y explotar nuevos yacimientos; mediante nuevos contratos que impulsen actividades como la sísmica, la perforación de pozos y el desarrollo de infraestructura de transporte ii) ajustar las escalas de regalías según condiciones de producción y el precio internacional; iii) simplificar los procedimientos para actividades offshore; iv) garantizar el funcionamiento seguro del Oleoducto Norperuano y, v) garantizar la compatibilidad de hidrocarburos respetando las áreas naturales protegidas, el medio ambiente y los procesos de consulta previa.
Reactivando este sector estratégico con seguridad jurídica y predictibilidad, podremos afianzar la seguridad energética y maximizar su impacto económico para contribuir al cierre de brechas de desarrollo y mejorar la competitividad de las regiones.
