La ingeniería peruana propone que los proyectos estratégicos lleguen a la etapa de ejecución con los predios liberados, las interferencias resueltas y las condiciones técnicas necesarias para reducir retrasos, sobrecostos y nuevas paralizaciones.
El Perú registra 2241 obras públicas paralizadas, que comprometen inversiones superiores a los S/ 73 mil 166 millones, de los cuales aún quedan por ejecutar más de S/ 35 mil 196 millones, según el reciente informe de la Contraloría General de la República. Esta situación mantiene detenidos hospitales, carreteras, colegios y otras infraestructuras esenciales, afectando directamente la calidad de vida de millones de ciudadanos y la competitividad del país.
Frente a este panorama, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) plantea, en el Eje 6: Infraestructura Estratégica para la Competitividad, de la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad que se presentará al Gobierno, un cambio en la gestión de la infraestructura pública. La propuesta establece que ningún proyecto estratégico inicie su ejecución sin haber resuelto previamente la liberación de predios, las interferencias con redes de servicios públicos y otras restricciones críticas que continúan retrasando las grandes obras del país.
Anticipar riesgos para evitar paralizaciones
La Hoja de Ruta del CIP Lima advierte que muchas inversiones públicas llegan a la etapa de construcción con expedientes técnicos incompletos, permisos pendientes, terrenos aún no disponibles para construir e interferencias sin resolver. Cuando estas restricciones no se atienden antes de la contratación, la incertidumbre se traslada a la ejecución y termina convirtiéndose en ampliaciones de plazo, mayores costos, controversias contractuales y, en muchos casos, paralizaciones que afectan directamente a la población.
Este diagnóstico coincide con el reporte de la Contraloría, que identifica obras detenidas por problemas de disponibilidad de terrenos, interferencias y deficiencias en los expedientes técnicos, evidenciando que una adecuada planificación desde las etapas iniciales puede reducir significativamente estos riesgos.
Prevenir antes que destrabar
Como parte de las acciones planteadas para los primeros 100 días de gobierno, la Hoja de Ruta propone implementar controles de madurez para los proyectos, identificar de manera temprana las restricciones críticas, crear un registro nacional de restricciones y consolidar una PMO Nacional de Infraestructura Estratégica, encargada de supervisar la preparación de los proyectos antes de su ejecución.
Con ello, se busca resolver la liberación de predios desde la etapa de planificación, antes del inicio de la construcción, para reducir el riesgo de interrupciones en las obras y favorecer el cumplimiento de los plazos previstos.
Al respecto, el decano del CIP Lima, Ing. CIP Edwin Chavarri, afirmó que «no podemos seguir iniciando hospitales, carreteras o colegios cuando aún existen terrenos sin liberar, interferencias pendientes o expedientes incompletos. La verdadera forma de destrabar la infraestructura no es cuando la obra ya está paralizada, sino antes de colocar la primera piedra. Planificar con rigor técnico significa proteger la inversión pública y garantizar que las obras lleguen a tiempo a los ciudadanos».
Estas y otras propuestas se darán a conocer este martes 11 de agosto, a las 9:30 a. m., durante la conferencia de prensa de la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad, en la sede del CIP Lima (calle Barcelona 290, San Isidro). La institución expondrá soluciones técnicas para superar las restricciones que retrasan las grandes obras del país.
