Institución plantea evaluar objetivamente la propuesta de adenda al contrato de concesión de Lima y Callao frente a una nueva licitación, con especial atención al impacto tarifario, la sostenibilidad económica y el cumplimiento de metas verificables.
El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) sostiene que la ampliación del servicio de gas natural hacia siete regiones del país debe sustentarse en criterios técnicos, económicos, regulatorios y jurídicos que garanticen inversiones ejecutables, tarifas sostenibles y resultados verificables, sin trasladar riesgos indebidos a los usuarios de Lima y Callao.
Mediante el Pronunciamiento N.° 44-2025-2027/CIPLIMA, la institución precisa que la propuesta de adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural en Lima y Callao, actualmente en evaluación, debe compararse objetivamente con una nueva licitación y otras alternativas técnicamente viables. En ese sentido, el CIP Lima refiere que la decisión no debe limitarse al mecanismo contractual, sino considerar su capacidad efectiva para ampliar la cobertura, ejecutar infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.
El CIP Lima enfatiza, además, que su posición no responde a intereses empresariales ni implica favorecer o descartar anticipadamente alguna modalidad de contratación. Por el contrario, plantea que cualquier alternativa debe someterse al mismo rigor técnico, transparencia y evaluación de riesgos, con especial atención a sus efectos sobre la concesión vigente.
Inversión, cobertura y sostenibilidad tarifaria
Según información pública del sector recogida en el pronunciamiento, la propuesta contempla una inversión privada superior a US$ 550 millones, aproximadamente 3711 kilómetros de redes de distribución, cobertura en 15 localidades y más de 300 mil usuarios potenciales.
Ante la magnitud de la iniciativa, el CIP Lima considera indispensable verificar la inversión comprometida, el costo efectivo por usuario conectado, los cronogramas de ejecución, las metas de cobertura y las garantías de cumplimiento. Asimismo, plantea evaluar los costos de inversión y operación, las proyecciones de demanda, la seguridad del suministro y los posibles efectos tarifarios para los usuarios actuales y futuros.
La institución también recuerda que los intentos anteriores de masificación del gas natural en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali no lograron consolidar una solución integral. Entre ellos figura el Proyecto Siete Regiones, cuyo concurso fue declarado desierto en 2021. Esta experiencia demuestra que la convocatoria de una licitación no garantiza por sí sola la ejecución de inversiones ni la ampliación efectiva del servicio.
Evaluación técnica y responsabilidad del Estado
El CIP Lima exhorta al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) a evaluar la propuesta dentro de sus respectivas competencias y transparentar los estudios técnicos, económicos, tarifarios y jurídicos que sustenten la decisión final.
Del mismo modo, solicita establecer metas exigibles de inversión, conexiones y plazos, acompañadas de mecanismos de supervisión, garantías y penalidades que permitan verificar su cumplimiento.
Finalmente, la institución reitera que ninguna alternativa debe aprobarse sin demostrar previamente su impacto sobre las tarifas, la sostenibilidad de la concesión de Lima y Callao y la viabilidad de las inversiones comprometidas.
Para el CIP Lima, la prioridad es lograr que el gas natural llegue efectivamente a más peruanos, mediante una solución técnicamente sustentada, económicamente sostenible y con beneficios concretos para la población.
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